México solo aceptó 304 de las 318 recomendaciones internacionales relacionadas con desapariciones forzadas, seguridad, impunidad, entre otras violaciones a derechos humanos que recibió en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Las 14 recomendaciones que rechazó están relacionadas con temas de:
- Seguridad
- Acceso a la justicia
- Migración
- Desplazamiento forzado interno.
La delegación mexicana estuvo encabezada por Francisca Méndez Escobar, titular de la Misión Permanente de México ante Organismos Internacionales ubicados en Ginebra, y Joel Hernández, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería.
Hernández afirmó que las recomendaciones fueron analizadas con 49 autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como integrantes de la sociedad civil. Refirió que ante el cambio de gobierno, el próximo 1 de octubre, las 304 recomendaciones aceptadas servirán como una oportunidad para nutrir el diseño de los programas en materia de derechos humanos.
Retiro de las Fuerzas Armadas
Hugo Arreola, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló en conferencia de prensa que respecto de la militarización, diversos estados de los 115 que emitieron recomendaciones a México sugirieron el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública.
Sin embargo, lamentó que el Estado mexicano haya sido reiterativo al afirmar que la Guardia Nacional siempre ha estado bajo el mando de una autoridad civil. Solo aceptó ocho recomendaciones sobre este tema.
Acceso a la justicia y Migración
El Estado mexicano tampoco aceptó las recomendaciones referentes a la eliminación de las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo; la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno; así como la modificación de la Ley de Migración para suprimir disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes.
Dinorah Arceta, del Instituto para las Mujeres en la Migración, detalló que el Estado mexicano argumentó que en el país ya existen disposiciones judiciales que abordan la detención administrativa de migrantes.
Asimismo, la activista lamentó que simplemente se tomará nota de la recomendación que proponía un retiro gradual de la vigilancia de las Fuerzas Armadas en las fronteras. Para Arceta, esto envía un mensaje de que en el país no hay intención de desmilitarizar la política migratoria.
En este sentido, integrantes del Colectivo EPU pidieron que las recomendaciones aceptadas sirvan como guía para la adopción de políticas y acciones gubernamentales concretas con perspectiva de derechos. Y también surgieron a que se reconsidere la aceptación de las recomendaciones de las que sólo se tomaron nota, ya que, afirmaron, abordan aspectos fundamentales en el contexto actual.